Revuelo en el Consejo Estatal tras los últimos acuerdos en materia de dependencia

Los representantes de los mayores lamentan no poder presentar sus aportaciones en el Consejo Territorial de la Dependencia y critican la gestión realizada.

M. F. EM 27.12.2010

El pasado 20 de diciembre, la Comisión Permanente del Consejo Estatal de las Personas Mayores se reunió en el Imserso para conocer los acuerdos que, tan sólo dos días después, se aprobarían en el marco del Consejo Territorial de la Dependencia, presidido por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, y al que asistieron los consejeros en materia de política social de las comunidades autónomas.
Durante esta reunión se pactaron las cuantías tanto del nivel mínimo como de las prestaciones económicas para todos los grados y niveles en vigor. La ministra Pajín aseguró que el pago del nivel mínimo de protección "se encuentra garantizados en todo caso".
Respecto al mínimo de protección garantizado se fija en 266 euros para Grado III Gran Dependencia Nivel 2, 181 euros para el mismo grado Nivel 1, 103 euros para Grado II dependencia severa Nivel 2, 70 euros para el mismo Grado de Nivel 1 y de 60 euros para los dependientes moderados Nivel 2.

Reacciones de los representantes de los mayores
Los integrantes del Consejo mostraron su desacuerdo con estas decisiones, y criticaron no poder "presentar sus aportaciones". Otros, fueron más allá y reclamaron mayor autonomía y poder de decisión para esta entidad "supeditada a los vaivenes políticos".
Mientras que para Pajín el Gobierno y las comunidades están cumpliendo con el desarrollo de la Ley de Dependencia, para el Consejo Estatal de Personas Mayores "no está dando los resultados previstos". Sus representates alegan que "el número de personas que han solicitado las prestaciones de esta Ley dobla la cifra prevista por el Gobierno". Pero, según las estimaciones del Consejo la realidad es que, si el numero de beneficiarios de la Ley de Dependencia hubiese sido el previsto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tampoco "se habría podido cumplir con las estimaciones ya que no había los servicios suficientes".
En un intento de hacer una crítica constructiva, algunos miembros manifestaron que "cierto es que se está mejorando las infraestructuras ya que las comunidades autónomas están haciendo un gran esfuerzo por construir residencias".
Por otro lado, fuentes del Consejo Estatal de Personas Mayores señalaron que durante la reunión también se abordó el punto en el que se encuentra el Libro Blanco del envejecimiento que está elaborando el Ministerio, y que el Gobierno quiere apostar por la coordinación sociosanitaria hasta ahora "inexistente", explicaron.

Críticas de los politicos
Los consejeros del ramo, presentes en el Consejo Interterritorial también han mostrado su desacuerdo con el plantemiento del Gobierno. Una de las voces más críticas fue la de la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, quien pidió a la ministra de Sanidad, Leire Pajín, que cumpla el compromiso del Ejecutivo con las comunidades autónomas en relación con la evaluación del grado de aplicación de la Ley de Dependencia. Mato recordó que esa evaluación, que ya debería estar hecha, debe tener en cuenta la "opinión y la experiencia de los gobiernos autonómicos". En este sentido, la conselleira lamentó la "tardanza" del Ejecutivo central a la hora de publicar el catálogo de servicios que entrará en funcionamiento el día 1 de enero para las personas dependientes de grado I.

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