MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que pide al Gobierno que cree un plan que obligue a los órganos de la Administración General del Estado (AGE) a contratar de forma socialmente responsable en relación con la discapacidad.
En su propuesta, recogida por Europa Press, los nacionalistas catalanes indican que el plan debe contener "mandatos a todos los órganos de la AGE para que incluyan de oficio cláusulas sociales en todas las licitaciones públicas".
En este sentido, denuncian que son pocos los órganos de la Administración que potencian la dimensión social de las licitaciones pese a que desde 2007 tienen permitido, a través de la Ley de Contratos del Sector Público, reservar contratos a centros especiales de empleo (formados en su mayoría por trabajadores discapacitados), exigir condiciones de accesibilidad a los productos y servicios que contratan, y descartar de los procesos de adjudicación a las empresas que no cumplan con la reserva legal de empleo para personas discapacitadas.
"A pesar de que algunos ministerios, como el de Defensa, ya aplican dichas medidas en su ámbitos de contratación, es preferible el establecimiento de un plan global que extienda estas buenas prácticas a toda la Administración del Estado", agregan.
Esta iniciativa de CiU recoge textualmente la demanda del Cermi (Comité Español de Personas con Discapacidad), que tiene como objetivo favorecer la inclusión social y la accesibilidad para las personas discapacitadas a través de la adquisición socialmente responsable de productos y servicios.
El grupo parlamentario de CiU ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que pide al Gobierno que cree un plan que obligue a los órganos de la Administración General del Estado (AGE) a contratar de forma socialmente responsable en relación con la discapacidad.
En su propuesta, recogida por Europa Press, los nacionalistas catalanes indican que el plan debe contener "mandatos a todos los órganos de la AGE para que incluyan de oficio cláusulas sociales en todas las licitaciones públicas".
En este sentido, denuncian que son pocos los órganos de la Administración que potencian la dimensión social de las licitaciones pese a que desde 2007 tienen permitido, a través de la Ley de Contratos del Sector Público, reservar contratos a centros especiales de empleo (formados en su mayoría por trabajadores discapacitados), exigir condiciones de accesibilidad a los productos y servicios que contratan, y descartar de los procesos de adjudicación a las empresas que no cumplan con la reserva legal de empleo para personas discapacitadas.
"A pesar de que algunos ministerios, como el de Defensa, ya aplican dichas medidas en su ámbitos de contratación, es preferible el establecimiento de un plan global que extienda estas buenas prácticas a toda la Administración del Estado", agregan.
Esta iniciativa de CiU recoge textualmente la demanda del Cermi (Comité Español de Personas con Discapacidad), que tiene como objetivo favorecer la inclusión social y la accesibilidad para las personas discapacitadas a través de la adquisición socialmente responsable de productos y servicios.
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